HABLANDO Y ESCRIBIENDO GUARDIA NACIONAL Y CERESOS DE CHIHUAHUA POR ERNESTO AVILÉS MERCADO

Librado Baños Rodríguez, es un activista social de Oaxaca que fue injustamente encarcelado 5 años con prisión preventiva oficiosa, al término de los cuáles fue absuelto en octubre del 2018; durante su detención fue torturado y nunca trasladado a un centro hospitalario y a causa de esto, perdió completamente la vista.

Corina y Denisse, fueron víctimas de tortura sexual e injustamente encarceladas con 5 años de prisión preventiva oficiosa, hasta que fueron declaradas absueltas; su caso forma parte ya de la sentencia de la corte Interamericana en contra del Estado Mexicano.

El incremento del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, llevarán a personas inocentes a la cárcel, aumentará el riesgo de tortura, empeorará la mala investigación y generará más impunidad.

Los principios constitucionales de un Estado Democrático de Derecho, deben ser los que delimiten cualquier reforma, estrategia u acción del Estado, particularmente cuando se pone en riesgo el derecho más importante que tiene la persona después de la vida, como es su libertad.

Una de las peores ocurrencias que ha tenido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es el tratar de abatir el fenómeno de la delincuencia a partir del incremento de penas y el endurecimiento procesal penal, pero ahora, además, el cerrar de manera definitiva el centro penitenciario de las Islas Marías, que desde 1905, había servido de modelo efectivo para alcanzar la reinserción social.

El sistema carcelario nacional, no mejora, antes por el contrario, se perfecciona y readapta a las nuevas circunstancias en medio de una corrupción increíble, donde todo cuesta, nada es gratis, todo con dinero se consigue, no se respetan los derechos de las personas internas, ni mucho menos las que van de visita con algún familiar.

El hacinamiento generalizado de los internos que apenas son sacados una hora al día o a veces “laqueados” por semanas completas, no son materia de revisión por los visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; no van porque no reciben quejas y se piensa entonces que todo funciona bien, que no hay nada irregular.

El problema no es ya el autogobierno, ni el temor por el motín que se pueda presentar; lo que está ahora, es la oportunidad que tienen los que ingresan por un delito menor, que se inician en el mundo de la delincuencia, son reclutados por las bandas que controlan las diferentes áreas del CERESO y diariamente son adiestrados en acciones de secuestros virtuales, extorsiones y por supuesto, tráfico de enervantes.

Los 16 delitos que incluyen ahora el artículo 19 Constitucional que ameritan prisión preventiva oficiosa, y que prontamente estará a revisión por parte de los congresos de los Estados, incrementará exponencialmente el ingreso de personas a los CERESOS, los cuales podrán permanecer durante todo su proceso penal, que puede durar hasta 2 años.

La potestad que le otorga la constitución al Ministerio Público para que de manera exclusiva, decida sobre el procedimiento abreviado; esto es, una forma de aceleración del proceso, que consiste en que el imputado acepte la responsabilidad del delito que se le atribuye y que por ese solo hecho, se le reduzca hasta en un tercio la pena que pueda alcanzar, se constituye como el más grande monumento a la corrupción. Dependiendo del sapo, será la pedrada.

La crítica permanente que se hace a esta medida, es que los jueces de control, dejan de lado su función jurisdiccional para convertirse solamente en oficialía de partes, porque la pena ya está solicitada por el Ministerio público, la cual no pueden incrementarla, aunque si reducirla, acción que hasta donde se recuerde, no ha sucedido en Chihuahua.

Por otra parte, El Senado de la República, de manera unánime, aprobó el dictamen que da origen a la Guardia Nacional, con 4 modificaciones que básicamente responden a las inquietudes de los grupos derecho humanistas y de la sociedad civil que mediante un congreso abierto, se habían manifestado a través de foros de consulta y análisis.

El primero es que dependerá de un mando civil y no militar que inicialmente se había propuesto.

El segundo es que la presencia de los militares en tareas de resguardo preventivo será temporal y regresarán a sus cuarteles después de 5 años.

El tercero es que no se creará el fuero militar para juzgar a quienes lo integran, sino que serán juzgados civiles quienes conocerán de los cargos que se les imputen.

El cuarto, es que no sustituirán a los cuerpos policiacos locales, como inicialmente se había propuesto, sino que colaborarán de manera conjunta y de forma coordinada.

Aquí en Chihuahua, se espera que la guardia nacional puede operar con todo el apoyo de la estructura institucional, al recular el gobernador Javier Corral a su postura anterior de no aceptarla y declararse en contra permanente, cuando el pasado día del ejército, durante el desayuno ofrecido por los altos mandos castrenses, se declarara partidario de su creación y en apoyo irrestricto a su puesta en marcha….Que sea para bien

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