HABLANDO Y ESCRIBIENDO por ERNESTO AVILES

HABLANDO Y ESCRIBIENDO

JAVIER CORRAL: EL ARTE DE GOBERNAR PERDIENDO TODO

POR ERNESTO AVILÉS MERCADO

El juicio oral que se lleva en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias el Larry, por el homicidio de Miroslava Breach Velducea, ha resultado una fuente importante de datos, que si bien, se habían conocido en el desarrollo de la investigación inicial, ahora pareciera tienen más peso, una vez que se han presentado ante el juez federal que encabeza el juicio.

El hallazgo de una conversación telefónica entre la periodista y Alfredo Piñera Guevara, asesor de la fracción del PAN en el Congreso del Estado, que a decir de quienes están cubriendo la totalidad del juicio, involucra también al ex alcalde de Chínipas  Hugo Amed Shultz y José Luévano, ambos actualmente funcionarios del Estado, pareciera que fue la clave para que de la región serrana dominada por el cártel de los Salazar, saliera la orden de terminar con la vida de la corresponsal de la Jornada.

En cada audiencia que de manera continúa se desarrollan en el centro de justicia penal del Palacio Federal, aquí en Chihuahua, se han concentrado diversos representantes de las Naciones Unidas, Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y Propuesta Cívica, además de otras organizaciones locales y nacionales que siguen el proceso, y que dicho sea de paso, es el primero que se lleva a Juicio Oral en contra de los presuntos responsables del homicidio de una periodista.

Como se recordará el 23 de Marzo del 2017, nos despertamos con la trágica noticia del atentado en contra de Miroslava, a manos de un sujeto que después de una intensa investigación llevada a cabo por parte de la fiscalía zona centro, se logró dar con el vehículo en donde huyó de la escena del crimen, siendo cateado el domicilio al norte de la ciudad, donde el gobernador Javier Corral, fuera del protocolo que se establece en estos casos, ingresó a la vivienda y personalmente llevó a cabo la busqueda de indicios, asegurandose una computadora portatil, donde fueron encontrados los audios que han servido para evidenciar la participación de los personajes involucrados en el atentado.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, en su comparecencia, estableció que el asesinato de la periodista ocurrió en un contexto de narco gobierno, ya que los reportajes publicados por Miroslava, daban cuenta de la participación de personajes del narcotráfico y diversos partidos políticos, concretamente el PRI y el PAN.

Las hermanas de Miroslava, han manifestado desde el inicio de las investigaciones que la propia corresponsal de la Jornada, de manera personal, habia hecho del conocimiento de Javier Corral, la serie de amenazas recibidas por personeros de su propio partido, incluso se presentó como evidencia diversos mensajes redactados por la propia Miroslava, donde da cuenta de conversaciones con el ejecutivo estatal, donde le asegura javier Corral que personalmente se encargaría del ex alcalde de Chinipas Hugo Amed Shultz y que no se preocupara.

Para los periodistas que conocían y tenían trato con Miroslava Breach, les queda claro que la relación con Javier Corral era muy estrecha, y que en muchas ocasiones se constituyó éste, como una fuente permanente de información, pero que además el trato era de amistad entre ellos, por lo que la omisión de apoyarla con escoltas o mantener un cerco de vigilancia para ella y su familia, no corresponde a esa relación.

Hace apenas unos días, Javier Corral, calificó a las hermanas de Miroslava como mentirosas, por afirmar que conocía de las amenazas de las que había sido objeto, aunque nada señaló sobre la autenticidad de las conversaciones mantenidas con Miroslava, donde ella misma establece que el mandatario se encargaría de Shultz, Luévano y Piñera.

SI LA COMISION DIJO NO, EL PLENO MENOS

Por otro lado, y también en temas de administración de justicia, el pasado jueves finalizaron los tres días establecidos por parte de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, para desahogar pruebas en contra del magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, ante la solicitud de la Fiscalía del Estado para que el Congreso estableciera la declaración de procedencia y consecuentemente se le retirara el fuero constitucional, y ser juzgado como presunto responsable del delito de enriquecimiento ilícito.

Al término de las audiencias, 4 de los 5 integrantes de la Comisión, coincidieron, en que las acciones llevadas a cabo por la fiscalía del Estado no fueron las suficientes para tener por acreditado que el magistrado haya cometido o haya tenido alguna participación en el delito que se le imputa, salvo la presidenta de la Comisión Jurisdiccional, Georgina Bujanda, quien incluso llego a comentar que para ella no le quedaba ninguna duda sobre la participación del integrante del Pleno del Poder Judicial del Estado.

Diversos comentarios escuchados hacia el interior del Congreso, establecen que la estrategia planteada por la fiscalía Estatal, se basaba en datos de prueba obtenidos de manera ilícita, involucrando de manera directa a personajes que nada tenía que ver con Jorge Ramírez y que difícil, muy difícilmente podrían superar el análisis de un juez de distrito, ante un eventual amparo presentado por el magistrado, y que solamente pondría en evidencia el endeble sustento jurídico del Congreso.

Si pretende el Gobernador Corral regresar a Comisión el asunto, deberá nuevamente llamar a cada uno de los legisladores para pedir su apoyo, y le costará muy caro, y el que perdería más seria el propio Congreso.

Con este nuevo revés de la fiscalía del Estado, queda evidenciado que las acciones de venganza y de interés diferente al jurídico, no constituyen la mejor manera de preservar el estado de derecho.

Reflejan sí, que los propósitos del gobernador Javier Corral, por utilizar la fiscalía del Estado para satisfacer sus intereses personales y de proyección política, no encuentran sustento en la realidad que se investiga.

Pero lo que si ha quedado de manifiesto, es la necesidad urgente de que la justicia que se busca hacia el exterior, se inicie hacia el interior de la propia Fiscalía del Estado, con una revisión real de los salarios que perciben los ministerios públicos, con un mejoramiento integral a la calidad de los servicios de salud que se cobran puntualmente, pero que no reciben los derechohabientes y sus familias, con la eliminación de medidas de fiscalización de horarios, que repercuten directamente en la reducción de las percepciones salariales, pero sobre todo, con una mayor inversión en la capacitación del personal y en la infraestructura con la que cuentan para realizar su trabajo….Si se habla de justicia, por ahí pueden empezar (netoaviles@gmail.com)

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