Hablando y escribiendo por Ernesto Aviles

HABLANDO Y ESCRIBIENDO

GOBERNAR SIN EMPATÍA, CON GARROTE Y FUERZA PÚBLICA

POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*

El cambio de semáforo epidemiológico a rojo para Chihuahua, representa un retroceso mayúsculo en el desarrollo de nuestra sociedad, ya que constituye un estancamiento en las principales actividades productivas, económicas, sociales y culturales, porque detiene prácticamente todas las acciones, privilegiando que las familias permanezcan en sus hogares, como forma única para abatir el alto nivel de contagio que se presenta en toda la entidad.

Para nadie es un secreto el hecho de que nos encontramos con el problema más grave que como sociedad hemos tenido y además, está claro que el gobierno y sus instituciones han sido incapaces para enfrentar con éxito el aumento de contagios del coronavirus, así como desgraciadamente los cientos de fallecimientos que hemos resentido, muchos en nuestros propios hogares y otros más, con personas allegadas al entorno en que nos desenvolvemos.

Es una realidad que sin la participación de toda la ciudadanía, cualquier acción que se pretenda imponer, no alcanzará las metas propuestas, sin la colaboración y compromiso social de todos.

El pasado miércoles 04 de noviembre, se presentó en el congreso Local una iniciativa de ley, firmada por el Gobernador Javier Corral, para crear la ley que regula el uso obligatorio del cubre bocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad COVID 19.

Este iniciativa, es una copia de la presentada por el gobernador del Estado de Colima José Ignacio Peralta Sánchez, ante el congreso de esa entidad, y que fue publicada el 22 de Agosto en el periódico oficial de ese Estado, pero corregida y aumentada por Javier Corral, en lo que se refiere al capítulo de sanciones, ya que contempla multas hasta por 50 Unidades de Medida y Actualización, cierres temporales y definitivos en los comercios, arresto hasta por 36 horas y el uso de la fuerza pública para hacerlos efectivos.

En términos jurídicos, esta iniciativa de ley, está viciada de inconstitucionalidad, porque el art 73 fracción XVI no habla de la posibilidad de facultades concurrentes entre la federación y el Estado, en el caso específico de pandemias y aunque la entidad sí tiene  facultades en términos del 155 de la constitución local, la constitución federal otorga esas facultades sólo a la Federación, y la local no puede contradecir a la federal, además de que con respecto al uso de la fuerza pública para hacer efectivo el cumplimiento de sanciones, contradice lo establecido en el mismo artículo 73 fracción XXII, por ser facultad expresa del congreso de la unión legislar en materia de seguridad pública.

En términos generales, nuestra ciudadanía es consciente de que las acciones preventivas que podamos adoptar, son apenas una parte de muchas que podamos realizar para atajar la línea ascendente que mantiene la pandemia.

La realidad que tenemos en nuestras ciudades y en muchas de las regiones del Estado, es que no se les puede obligar a los padres de familia a quedarse en sus domicilios porque viven al día y tienen que salir diariamente a buscar el sustento de sus familias, los adultos mayores y demás personas con alguna discapacidad que quedan expuestas al apoyo de vecinos y familiares para subsistir, a todos ellos, el gobierno del Estado pretende obligar por medio de la fuerza pública a mantenerse en sus hogares, pero no brinda alternativa alguna para apoyar a estas familias completas, que esperan algo para cubrir sus necesidades primarias como es su alimento, el único apoyo que se recibe es por parte de los Municipios y eso algunos, porque Desarrollo Social, como el resto de las secretarías se encuentran de adorno.

Nuevamente la falta de empatía de Javier Corral se pone de manifiesto, al promover que por medio del uso de la fuerza pública, se cumpla con el uso del cubrebocas, se lleven a cabo el cierre parcial o definitivo de los comercios y demás establecimientos donde se presenten concentraciones de personas, pero además de ordenar detener hasta por 36 horas a los hombres y mujeres que no acaten sus indicaciones, además del pago de multas que pueden alcanzar hasta los 5 mil pesos.

La pérdida de confianza ciudadana para el mandatario estatal, se suma a la ausencia de credibilidad y ahora con la aprobación que pueda darse de esta iniciativa de Ley, es claro que Javier Corral prefiere el camino andado de la represión, que conoce muy bien, al de la prevención, empatía, solidaridad y apoyo a los que menos tienen; la esperanza que se mantiene es que sus días al frente del Gobierno, han comenzado la cuenta regresiva…..

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